En una misma semana, archivos municipales (1) y judiciales (2) han sido noticia en Asturias, con casi idéntico enfoque: el Gobierno del Principado tiene una solución ante la grave situación en la que se encuentran. Sin embargo, una vez más, esta solución resulta ser apagar el fuego de un incendio intencionado. Se toman medidas desesperadas de último recurso, obviamente necesarias ante la manifiesta catástrofe, pero que son fruto de la propia inoperancia de quien ahora se postula como salvador. Primero te dejo morir y en tu última exhalación, te rescato; ahora me debes la vida. Eso no es mostrar preocupación por los archivos y los documentos públicos de los asturianos y menos aún, estar cumpliendo con las obligaciones legales asignadas. Siendo benévolos, eso es simplemente salvar los muebles.
Desde la Asociación de Archiveros del Principado de Asturias (AAPA) seguiremos insistiendo, y así lo estamos exponiendo ante diversas entidades de la región: Asturias necesita una política de gestión de documentos a nivel regional que coordine y dicte directrices de actuación que garanticen que los documentos de ayuntamientos, juzgados y cualquier otra entidad pública respondan a los intereses por los que son producidos, como apoyo imprescindible para su trabajo diario y en la defensa de sus intereses, pero también como garantía de transparencia, para que los ciudadanos puedan hacer uso de ellos en el ejercicio de sus derechos.
Existen auténticos referentes de conocimiento y buen hacer en la región. Simplemente se precisa voluntad política para liderar y afrontar el diseño de una estrategia coordinada y compartida que favorezca la construcción de un modelo de gestión de documentos que reduzca la brecha territorial, material y de experiencia, sin perder nunca la verdadera vocación de servicio a la ciudadanía.
Fátima Rodríguez Coya
Presidenta de la AAPA
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Tribuna de opinión publicada en el periódico
La Nueva España de 10 de noviembre de 2017,
en edición web e impresa (edición de Oviedo, p. 7)
La Nueva España de 10 de noviembre de 2017,
en edición web e impresa (edición de Oviedo, p. 7)
(1) Archivos municipales
El Archivo Histórico acogerá el patrimonio documental de algunos ayuntamientos pequeños (La Nueva España, 8 de noviembre de 2017). "La nueva línea de actuación del Principado pretende que los concejos asturianos que no puedan mantener la fase histórica de ese patrimonio en perfecto estado y que no puedan ofrecérselo al ciudadano tengan la oportunidad de efectuar un depósito de sus fondos en el Archivo Histórico de Asturias para una mayor conservación y puesta en valor de los mismos"
A principios de este año la AAPA inició el estudio de la situación de los archivos municipales asturianos, con especial preocupación hacia los concejos de menos de 20.000 habitantes. Las reuniones mantenidas hasta la fecha con los responsables de archivos municipales y otros representantes de instituciones con competencias en el ámbito local, ponen de manifiesto una fuerte brecha en la capacidad en la prestación de servicios en materia de gestión de documentos y archivo de unos concejos a otros. En todos los casos es recurrente el mismo diagnóstico: la desasistencia y falta de coordinación desde el Gobierno del Principado de Asturias, desatendiendo plenamente a sus competencias en la materia para evitar llegar a extremos como el de Santo Adriano. Esas intervenciones de rescate in extremis, al igual que la aprobación de planes de empleo para servicios estructurales sin ningún tipo de supervisión técnica que se han concedido en el último año, no hacen sino ahondar en las desigualdades y en la exposición a negligencias en la gestión de la fe pública y la gestión del patrimonio.
(2) Archivos judiciales
El Principado inicia en el Palacio de Justicia de Oviedo un programa para reorganizar los archivos de los órganos judiciales (La Nueva España, 5 de noviembre de 2017).
La capacidad de los juzgados asturianos está al límite (RTPA, 11 de noviembre de 2017). "El Principado contrata a una empresa especializada para limpiar, documentar y destruir lo necesario. Ante la falta de espacio en los juzgados para guardar los miles de expedientes que se acumulan año a año, el Principado acaba de contratar a una empresa especializada. Su misión será la de limpiar, documentar y destruir lo que no sea necesario. Los expedientes anteriores a 1992 se llevarán al Archivo Histórico para así, dejar espacio y seguir acumulando. Algunos juzgados aseguran estar al límite y ya guardan carpetas hasta en los pasillos".Un nuevo caso de intervención al límite, sin política ni planificación alguna que lo sustente: la limpieza y el desalojo de documentos parece ser la prioridad a la luz de ambas noticias. Apunta una de ellas "el Archivo Histórico ya alberga 100.000 cajas de documentación, sobre todo de procedimientos recientes, por lo que las peticiones de expedientes en préstamos son habituales." Esas no son las competencias de un archivo histórico, sino las del aún inexistente Archivo Judicial Territorial de Asturias. Hace años que la AAPA ya advirtió, con el respaldo de más asociaciones españolas, de los problemas advertidos en torno a la gestión de documentos judiciales con motivo de la promulgación de decreto de creación de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de Asturias. Unas alegaciones que fueron transmitidas tanto a la Dirección General de Justicia del Principado de Asturias como al Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En 2015, ese mismo Tribunal informó de su traslado al Consejo General del Poder Judicial (noticia AAPA).
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